El camino de Damasco.
por Dr. Oscar N. Ventura
El cuadro de Murillo, cuyo original está en el Prado de Madrid, ilustra un momento clave en la historia del Cristianismo: la conversión de Schaoul o Saulo de Tarso, más tarde el San Pablo "Apostol de los Gentiles", gran difusor del Cristianismo, emergente del Concilio de Jerusalem en 48 DC.
Saulo (por su nombre hebreo) o Pablo (por su nombre romano, al cual tenía derecho ya que era ciudadano del Imperio) vivía en Tarso de Cilicia (hoy Turquía) y fue enviado a estudiar religión a Jerusalem con Gamaliel (uno de los más famosos Rabinos judíos, de quien se afirma que fue bautizado y convertido al cristianismo al final de su vida) durante el Siglo I de nuestra era.
Pablo fue contemporáneo de Jesús de Nazaret a quien, sin embargo, no conoció en vida. A sí mismo se describía como
"Yo, circuncidado el octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamin, Hebreo hijo de Hebreos; por la ley, Fariseo; por el celo, perseguidor de la Iglesia; para la justicia que se encuentra en la ley, me he vuelto irreprochable"(Ph.3, 4-6)
Menos caritativos y más descriptivos, Tertuliano apoya los dichos de San Jerónimo y San Jacinto quienes escriben
«Era grueso, de baja estatura y ancho de hombros; sus cejas negras se juntaban sobre su nariz aguileña, tenía las piernas patizambas, la cabeza calva y estaba lleno de la gracia del Señor»
bastante coincidente con la imagen pintada por El Greco que está ahora en el Museu Nacional d' Art de Catalunya, en Barcelona.
El Miércoles 3 de Marzo de 2004, Lucas Colonna informaba en su columna de La Nación sobre esta reunión de cancilleres y reportaba la oferta uruguaya de monitoreo conjunto (que nunca ha sido retirada desde ese entonces). Decía el artículo de Colonna:
El gobierno del Uruguay se comprometió a mantener informadas a las autoridades argentinas respecto del impacto medioambiental que podría provocar la instalación de una planta de pasta de celulosa frente a la costa de Entre Ríos, emprendimiento que antes de comenzar a ser edificado, como anticipó LA NACION, desató una controversia entre ambos países por los virtuales riesgos que podría traer aparejados sobre los recursos naturales."Se acordó que en los próximos cuatro años de construcción va a haber un seguimiento exhaustivo para que se respeten los parámetros medioambientales establecidos para la instalación de la fábrica, que incluirá monitoreos permanentes", dijo Sguiglia.Según Bielsa, los cortocircuitos iniciales respondieron "a que no se había acordado un mecanismo como el suscripto hoy (por ayer) con Uruguay, que permite que no haya ningún aspecto fuera del escrutinio de quienes están interesados"."Esta modalidad que hemos acordado con el canciller Opertti creo que salvaguarda las expectativas que tienen los vecinos, legítimas, de conocer en qué medida estos emprendimientos no van a perjudicar su vida cotidiana", dijo Bielsa.
Seguidamente, en mi carácter de Ministro de Relaciones Exteriores argentino, había arreglado verbalmente con mi par uruguayo Didier Opperti un procedimiento de tres eslabones, que comenzaba con la provisión de información por parte uruguaya, continuaba con una supervisión argentina de la construcción de las plantas y finalizaba con un monitoreo conjunto y permanente del Río, método que permitió que la Comisión Administradora (que había paralizado sus funciones) volviese al trabajo, pero que se frustró porque Uruguay no informó (el primer eslabón que daba lugar al segundo, y luego al tercero, de la cadena), a pesar de haberlo reclamado yo mismo –si la memoria y las notas no me fallan- en ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado Miembros del MERCOSUR (Puerto Iguazú, julio 2004), de la Reunión de Cancilleres del grupo de Río (Brasil, agosto 2004) y en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (San José de Costa Rica, noviembre 2004).
Apenas una semana después el embajador Roberto García Moritán contestó esa nota, a través del Memorándum 105/2005. Allí aseguró que la CARU planteó en su momento (recién a fines de 2003) la aplicación del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay, que establece la consulta a esa comisión para parte del gobierno que proyecte una obra que pueda afectar “la navegación, el régimen del río o la calidad de las aguas”. García Moritán también dejó asentado en ese documento que se actuó siempre en consulta con la Cancillería, pero además, en el punto IV hace referencia al controvertido acuerdo del 2 de marzo de 2004, entre los dos cancilleres, que “llegaron a un entendimiento a fin de adoptar una posición con relación a los mecanismos de control ambiental del río Uruguay”, del cual surgió el Plan de Monitoreo. Se trata, claro, del acuerdo que el gobernador Busti sigue diciendo que no existe.
Más adelante, en la misma Acta 01/04, dice el actual Vice-Canciller García Moritán (cito sólo el texto en lugar de poner el facsímil del acta por razones de espacio).
“Todo este material, sin perjuicio de otro que pueda ser presentado por cualquiera de nuestras dos delegaciones permitirá que la Subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental inicie su postergada labor en la confección de los mecanismos, programas y planes de control, seguimiento y monitoreo -tanto en lo correspondiente a la etapa de obra como, en particular, en lo que hace a todo el período de operación de la planta- a los efectos de contar por parte de la CARU con un control eficaz conforme lo previsto en el Estatuto del Río Uruguay”.
En este sentido, destacamos la importancia y detalle de la evaluación realizada por la DINAMA a través del informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental, anexo a que se hace referencia —en concordancia con lo convenido entre los cancilleres de Argentina y Uruguay en Buenos Aires con fecha 2 de marzo de 2004- donde Uruguay brindará a CARU toda la información sobre el seguimiento de la calidad ambiental.
“Y una limitante importante en nuestra postura es el acuerdo celebrado por los Cancilleres en fecha 02.03.04, que ha sido referenciado precedentemente.”
“Lo cierto es que tenemos que abocarnos con los informes que tenemos y en acuerdo celebrado por los Cancilleres.”
Es decir, toda la delegación argentina firmó que "con total y absoluto énfasis, etc, etc" i.e. no se aconseja la suspensión de la planta o la oposición a su construcción, al menos con fundamento científico.
Sigamos con las coincidencias específicas presentes en el acta 01/04, que son sumamente jugosas. Dice:
“Lo que sí se acordó verbalmente con el canciller Opertti fue un plan de cuatro eslabones que eran: Uruguay entregaba toda la documentación, la Argentina analizaba esa información y una vez estudiada esa información se tomaba una decisión conjunta sobre dónde localizar las plantas. El cuarto elemento era, una vez cumplido todo esto, un monitoreo conjunto. En un plan de cuatro eslabones, si se incumple el primero, los otros tres se caen.”
En otras palabras, lo anterior avala con la firma del Vice-Canciller de la República Argentina, que el Grupo Técnico de Alto Nivel es el mecanismo por el cual se activa el artículo 60 del Estatuto. Ese artículo 60 dice,
El Gobierno argentino también entiende que no se ha cumplido el compromiso contraido por ambos Gobiernos en el articulo 7 del Estatuto del Rio Uruguay, en la medida que el proceso alli estipulado para este tipo de casos no ha tenido lugar. Hasta el presente, laComision no ha tomado conocimiento del informe solicitado oportunamente a las autoridades competentes uruguayas. Pero, viendo las actas de la CARU reseñadas en la declaración de la Dra. Petrocelli citadas más arriba, desde el 8 de Julio de 2002 hasta el 9 de Octubre del 2003, Uruguay estuvo informando permanentemente a la CARU sobre el emprendimiento. Otra cosa es que Argentina no estuviera satisfecha con los informes, como lo dice el Canciller Taina en el mismo informe
"Es importante destacar que la citada documentacion parece resultar insuficiente para poder emitir opinion técnica fundada sobre las bondades ambientales del proyecto, y nada dice de los compromisos asumidos en la Declaracion de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en el Estatuto del Rio Uruguay."
+ Las actas de la CARU muestran que la misma estuvo permanentemente informada de la instalación de ambas plantas.
+ Las actas de la CARU muestran que la delegación argentina no consideró suficientes estas explicaciones en 2003 y quizo activar el mecanismo de solución de controversias (Art. 60) impidiendo las reuniones de la CARU mediante su ausencia.
+ Las actas de la CARU, la prensa de ese momento y los actores participantes son contestes en manifestar que el acuerdo Bielsa-Opertti existió para subsanar la inacción en que se encontraba la CARU. Eso está firmado en el acta del 15/5/04 de la CARU por la delegación argentina.
+ Las actas de la CARU muestran que el Dr. Garin hablando por la delegación argentina el 15/5/04 afirmó que desde un punto de vista científico no se puede decir que "la actividad en cuestión genere un perjuicio irreversible e inevitable al medio ambiente".
+ Las actas de la CARU muestran que se elaboró un plan de monitoreo de la zona de las "plantas de celulosa" (en plural) y se lo aplicó durante un año.
+ Las actas de la CARU muestran que Garin, Rojas y un técnico entrerriano (no lo dice, pero entendemos que fue Moguilner) viajaron a España a inspeccionar la planta de Ence en Huelva.
+ Las actas de la CARU muestran que durante 2004 se reuniero al menos 3 veces con representantes del proyecto Orión.
+ Las actas de la CARU muestran que integrantes de la misma (incluyendo a Rojas) viajaron a Finlandia a interiorizarse del proceso industrial de Botnia y hablar con los gobernantes finlandeses.
+ Las actas de la CARU muestran que delegados de la misma participaron en las dos sesiones públicas en Fray Bentos destinadas a discutir CMB y Orion (obligatorias por la ley uruguaya; eso va para los que tanto cacarean con la "licencia social").
+ Finalmente, los testimonios de la Dra. Petrocelli y el Ing. Ponce de León, así como las propias actas del GTAN, muestran que Uruguay entregó copiosa documentación a este grupo, incluyendo los expedientes completos de la autorización ambiental a las plantas.
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