* Raúl Seoane. (Jujuy - Argentina).
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Una nota de Félix Duarte publicada en Tribuna de Periodistas, analiza la razón de que las plantas de celulosa se hayan instalado en Uruguay, de lo que se desprende que la localización de las plantas está dada por la ubicación geopolítica en la cual se encuentra nuestro país.
Si el "incorruptible" Busti no hubiera solicitado un desorbitante incentivo, las plantas se hubieran construido del lado argentino, y en la Provincia de Entre Ríos. Al no poder ser así, las plantas lo único que hicieron fue cruzar el río e instalarse en Fray Bentos.
No es ningún secreto que sólo la planta de Botnia procesa más toneladas que las diez y pico plantas, todas juntas, de Argentina. Si a Botnia le agregamos la de ENCE y la futura de Stora Enso, las plantas celulósicas argentinas van terminar desapareciendo, no por obsoletas, que sí lo son, sino por una simple ecuación económica.
En su nota, Félix Duarte se pregunta ¿Estos vienen a procesar los árboles del chiquito Uruguay? ¿Por qué vienen todas a Uruguay, tan poca cosa él, y no van a la Argentina, que tanto hizo para que -Busti mediante- se quedaran en el reino del dueño del Poder, o sea Don K ?, pero el propio Duarte se contesta diciendo que La ubicación de Uruguay en la cuenca es muy privilegiada, al estar ubicado en la puerta de entrada de una red navegable que va -y trae- desde muy adentro del continente sudamericano.
Además es el nudo de comunicación, con rutas que se unen a los tres puentes y están los mejores puertos del Cono Sur (Paysandú, Nueva Palmira, Montevideo y el oceánico que se construirá en la zona de Rocha) ¿Por qué los puertos de Uruguay son muy buenos y el de Buenos Aires, por ejemplo, no lo es? El Uruguay al desaguar en el Plata imprime su dirección inicial e influye en el Paraná que lo hace en forma lateral a través e una serie de canales desarrollados en una vasta zona del delta. Estos dos ríos dejan barro y suciedad en Buenos Aires, lo que no ocurre con Montevideo. El futuro plantea que Uruguay se convierta en un centro de todo el Cono Sur, para procesar madera y fabricar celulosa...
Además tiene otro detalle muy seductor. La legislación. Uruguay tiene leyes que favorecen la inversión, en algunos casos con demasiada liberalidad, como son las zonas francas. Rutas desde todo el Cono Sur, Buenos puertos a corta distancia y legislación, son aspectos que hacen atractivo a una empresa a hacer base en este país. Hay opiniones de que el movimiento que impulsa Busti, con la tácita aprobación de Kirchner, más que una posible o eventual contaminación es para frenar que se haga realidad ese polo de desarrollo que habría en Uruguay en un futuro cercano.
El Corte de Puentes .
En reiteradas oportunidades lo hemos dicho: "El corte de los puentes internacionales perjudica más a Argentina que a Uruguay" y lo hemos demostrado con números. Esto lo refleja un artículo de Joaquín Morales Solá en el Diario La Nación, cuando dice El encontronazo con Uruguay no es, en ese contexto, un buen antecedente. Brasil comenzó a moverse; Uruguay se lo está reclamando. Los gobernadores del sur brasileño braman además contra los cortes de los puentes en el litoral argentino: no pueden comerciar con la Argentina y Chile.
Otra demostración de esta afirmación fue la reacción de los comerciantes de la ciudad de Colón, a mitad de esta semana, "echando a patadas" a los piqueteros que se habían adueñado del puente, porque la gran mayoría de estos comerciantes tienen como clientes a los vecinos de la ciudad de Paysandú.
El Mercosur.
La razón de que el gobierno argentino no quiera llevar el conflicto al Tribunal del Mercosur, es muy simple y lo explica Morales Solá en esa misma nota Montevideo habla sólo del Mercosur o de La Haya para denunciar los cortes de los puentes. La propia diplomacia argentina asegura que la Argentina perderá por tres a uno en el Mercosur.
La Haya.
A su vez, en un artículo publicado en Informe Uruguay Nº 170, Jorge Asís había realizado un prolijo análisis de que el gobierno argentino también perdía en esta instancia, y es dable recordar lo que decía en esa ocasión: la Argentina se encamina hacia el papelón irreparable de La Haya donde según Oberdán Rocamora perderemos 13 a 2.
El problema ambiental vs. el problema económico.
Wayne Dwernychuk, uno de los científicos que analizó el informe del Banco Mundial sobre el impacto acumulado de las plantas de celulosa en Fray Bentos, afirmó el viernes pasado que la posición argentina es "bastante hipócrita". Hablando con Pedro Lemos desde Australia por intermedio del servicio de Internet, hemos llegado a la conclusión que esta es la opinión mundial, no sólo de la posición Argentina en este conflicto, sino en general sobre el gobierno de ese país.
Desgraciadamente, la incompetencia del presidente y de los políticos argentinos están llevando a que Argentina se encuentre cada vez más aislada del contexto internacional, y aquí es totalmente factible la teoría de Manuel Flores Silva, que se aúna con la de Félix Duarte en que el futuro plantea que Uruguay se convierta en un centro de todo el Cono Sur, para procesar madera y fabricar celulosa... cosa inconcebible en la estrechez mental del actual gobierno argentino, ávido de inversiones para poder mantenerse en el poder.
Si en el reportaje que le hiciera Rolando Hanglin al científico canadiense, éste asegura firmemente que las plantas uruguayas trabajarán con la última tecnología conocida en materia de blanqueo de la celulosa y en el tratado de los efluentes, y de que no existirá contaminación de ningún tipo, incluyendo la carencia de olores y humos, la única teoría válida que queda en pie, dado que la ambiental queda desechada, es la económica; la Argentina NO quiere que Uruguay crezca económicamente y para ello ha desatado este conflicto, por un lado políticamente, y por otro al sentirse despechada por la decisión de los finlandeses de construir las plantas en Uruguay.
Muchos periodistas argentinos están alertando sobre la falacia del crecimiento de la Argentina publicitada por su gobierno. En el diario La Nación se refleja claramente esta situación, cuando Joaquín Morales Solá dice: Algo está sucediendo para que un país que creció -y crece- al 9 por ciento en los últimos tres años y medio no seduzca a la inversión extranjera. Influyen el trato a los inversores que ya están en el país (ningún decreto sobre tarifas termina definiendo las tarifas, por ejemplo), y la decisión de poner un duro con fama de machacador de empresarios para domesticar los precios. Por lo tanto, volvemos a nuestra posición inicial, el problema no es ambiental, el problema con las pasteras es totalmente económico, y convalida la teoría de Flores Silva.
La diarrea de un ministro.
Desde el comienzo de esta disputa con final anunciado, resultó perentorio observar que el kirchnerismo primero alentó los cortes de ruta, luego no supo cómo desactivarlos, y finalmente se embretó estúpidamente en un conflicto diplomático con los hermanos uruguayos que se dirimirá en la Corte Internacional de La Haya.
Las usinas de información kichneristas intentaron convencer a Tabaré Vázquez de reunirse en una cumbre bilateral para zanjar la disputa, al mismo tiempo que buscaba presionarlo con los piquetes pseudo ambientalistas. Harto de ese doble juego, el uruguayo tiró la pelota afuera y el Ejecutivo argentino mordió el polvo de la desazón.
Esta desazón, más bien llamada bronca por el rechazo, fue el motivo de la diarreica verborragia de Aníbal Fernández, primer kamikaze pingüinero, y que analizáramos en nuestro número anterior. A esto debemos agregar cierta "envidia" ante el nucleamiento de todo el pueblo uruguayo y de los políticos de todos los partidos detrás de una Cuestión de Estado: "Las Papeleras son Uruguayas y se construirán", lo cual es también dicho por la oposición, ya que Mauricio Macri, lider del Pro, ha dicho en reiteradas oportunidades que 'Hay que decirle la verdad a la gente: las papeleras se construirán', afirmando que el rol de Argentina en el conflicto con las plantas es el de controlar los índices de contaminación. Todos estos pelotazos en contra, están obligando al "anacrónico" pingüino a intentar hacer lo mismo, y por eso el domingo pasado apareció la Ciudad de Buenos Aires empapelada con afiches que rezan "Una causa de todos. No dejemos solo a Entre Ríos. No a la violación del río Uruguay. No a las papeleras ENCE y Botnia", buscando demoníacamente, el sumar al pueblo argentino a sus reclamos.
El "empapelamiento" de la ciudad de Buenos Aires, confirma lo que muchos analistas y periodistas se han preguntado ¿Quién les paga a los "ambientalistas" entrerrianos?, ya que los cientos de afiches pegados en Buenos Aires tienen un costo monetario bastante alto. ¿Habrán sido impresos con papel de la empresa clarinista Papel Prensa, en los talleres gráficos del multimedio?
Algo que confirmaría el hecho de que todo este movimiento está siendo orquestado, son las declaraciones de algunos voceros, en los cortes de los puentes, que con total desparpajo dicen en los reportajes televisados que no pertenecen a esa ciudad sino que vienen de otras ciudades a ayudar a sus hermanos piqueteros, lo que se podría tomar como que son "punteros políticos" enviados a manejar y concientizar a la masa de vecinos engañados. Entonces, vuelvo a reiterar que este conflicto no tiene una base ambiental, sino económica/comercial.
Muy acertadas fueron las palabras del ex Canciller uruguayo Sergio Abreu, cuando dijo ¿por qué se quiere detener la obra? Porque contamina. Entonces la respuesta es: si contamina esta obra, ¿qué parámetros debe observar? Y si observa parámetros internacionalmente aceptados entonces puede funcionar. Ese planteo lo debe hacer Uruguay quién estableció los requisitos a las empresas en el territorio nacional y además importó requisitos de la Unión Europea y otras normas internacionales. Eso, si el problema es exclusivamente ambiental. Ahora, si el problema es político y además es económico y comercial, o si simplemente es geopolítico en la visión de la región, entonces ya sería un poco más complicado. Pero lo que no sería razonable es que se establezcan criterios y estándares para determinados emprendimientos a nivel del Río Uruguay y las empresas instaladas en las riberas del Río Paraná estén exentas de ese tipo de obligaciones. No puede Argentina tener éxito en exigir que Uruguay cumpla requisitos que ella ostensiblemente incumple en todo su territorio con diez plantas de suma importancia sobre un río que descarga sobre el Río de la Plata que es otro recurso compartido.
Conclusiones.
La primera conclusión que se puede sacar de todos estos hechos, es que Uruguay no tiene ningún problema con sus plantas procesadoras de celulosa y en ámbitos jurídicos internacionales tiene la ley a su favor, porque los argumentos argentinos se dan de patadas con sus acciones contaminantes, tal cual lo hemos explicitado en este artículo con las declaraciones de uno de los dos técnicos que emitieron el último informe ambiental para el Banco Mundial, pero la mayor desgracia de todo este conflicto es que dirigentes ineptos están llevando a un gran país como la Argentina hacia su ruina total, lo cual va a ser muy duro para revertir por los futuros gobernantes, porque el haber generado que Botnia se trasladara a Uruguay, por las razones que todos conocemos, y la ilógica negativa del gobierno a aceptar que esas plantas no contaminan desoyendo todas las pruebas científicas imparciales, es una enorme piedra negra en el camino de futuras inversiones para ese país, y lo peor de todo es que el gobierno argentino no quiere darse cuenta y sigue con sus caprichos. Hasta tanto llega el problema, que la Primera Ministra de Finlandia canceló su visita a ese país, con lo cual si Argentina no recibe inversiones, con esta deserción va a recibir menos.
En segundo lugar, vemos como la Argentina, otrora poderoso país del Cono Sur, queda cada vez más aislada internacionalmente y comienza a perder inversiones y mercados externos. Como ya hiciera notar Félix Duarte, la posición geopolítica, un buen conjunto de leyes económicas y el respeto de Uruguay por los acuerdos firmados, hacen de Uruguay un país que, a ojos de los inversores, está siendo bien visto, por lo que debe aprovechar esta coyuntura para incentivar los procesos de inversión del país, para concretar el proyecto del Uruguay Productivo , que debe llevarse a la práctica aprovechando el excelente momento que vive a nivel internacional.
* en INFORME URUGUAY.
lunes, abril 24, 2006
lunes, abril 03, 2006
NADA HAY PARA NEGOCIAR !
Presidente Tabaré:
Nada hay para negociar !
Ninguna concesion !
Solo defender la dignidad y
la soberania de Uruguay !
El gobierno argentino no puede acusar a nuestro país de haber iniciado este conflicto binacional "por haber violado el Tratado del Río Uruguay" : ambos países cometieron errores formales, que ya fueron subsanados por los acuerdos firmados el año pasado por las Cancillerías. ¡Basta de pretender ningún revisionismo inconducente!
El presidente Kirchner representa a la totalidad del pueblo argentino y sabe que los grupos piqueteros del litoral no solo representan intereses muy locales, sino que ellos mismos son una expresión minoritaria dentro de su nación. Se sienten con el poder que les dan los actos de fuerza ilícitos que no son reprimidos por la Ley.
Ningún acuerdo que se pueda pactar va a ser aceptado por estos grupos piqueteros.
Ni la Presidencia ni la Cancillería argentinas pueden pretender incluirlos en tratativas binacionales, ni utilizar sus banderas extremistas, maximistas, irracionales.
El gobierno que preside el Sr. Kirchner, debe terminar de asumir plenamente que:
- Las dos Plantas de Celulosa en construcción cerca de Fray Bentos, se van a terminar y van a funcionar allí junto al Río Uruguay.
- Van a utilizar la tecnología ya acordada, es decir la producción de celulosa por el método ECF (libre de cloro elemental).
- Se designará una comisión técnica internacional para que realice un estudio de impacto ambiental físico previo, evaluando la presencia conjunta de las dos plantas, pero destinado exclusivamente a certificar que los valores de contaminación pueden mantenerse por debajo de los límites aceptados internacionalmente y eventualmente recomendar medidas que pudiesen mitigar efectos indeseables. Este dictamen técnico no será vinculante, ya que ello comprometería la soberanía de ambos países.
Por impacto ambiental físico debe entenderse el estudio sobre el agua, sobre el aire y sobre la tierra (pero éste queda solo dentro de la soberanía uruguaya).
La Cancillería argentina ha inventado un tipo de estudio de impacto ambiental que incluye efectos sociales, efectos turísticos, efectos urbanísticos, efectos de mercado, efectos políticos : absurdo y ridículo. Pensar, que el tratado del Río Uruguay solo trata del cuidado de la calidad de las aguas... Uruguay propone y acepta el estudio de impacto ambiental físico, pero no esta ampliación conceptual absurda, porque ya no sería de fundamentación técnica.
- El gobierno uruguayo propone al argentino la integración de otra comisión técnica binacional para hacer el seguimiento de las obras de las dos plantas elaboradoras de celulosa y luego monitorear el funcionamiento de las mismas, monitorear la calidad de las aguas y del aire, comparando sus resultados con los valores establecidos previamente según normas internacionales.
Sea cual sea el acuerdo que se realice entre ambos gobiernos, o que no se realice, el presidente Kirchner deberá resolver la situación de los piqueteros del litoral.
El gobierno argentino al hacer declaraciones a la prensa uruguaya, en el sentido de que si se vuelven a instalar los piquetes en las rutas, no van a intervenir tampoco ahora, procura presionar (a pechar) al gobierno uruguayo. Uruguay esto no lo debe permitir. "No entrar en corral de ramas".
Si se reinstalasen los piquetes con tolerancia del gobierno argentino, Uruguay deberá recurrir a una instancia internacional, como el Tribunal de Solución de Controversias del MERCOSUR. O dejar que la controversia sea resuelta ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.
Como dijo el Dr. Batlle :Si estuvimos 200 años sin puentes, podemos seguir prescindiendo de ellos ...dejamos a los piqueteros en sus piquetes haciendo terapias de grupos y cuando Argentina se dé cuenta que se perjudica demasiado quizás los convenza de salir.
Nada hay para negociar !
Ninguna concesion !
Solo defender la dignidad y
la soberania de Uruguay !
El gobierno argentino no puede acusar a nuestro país de haber iniciado este conflicto binacional "por haber violado el Tratado del Río Uruguay" : ambos países cometieron errores formales, que ya fueron subsanados por los acuerdos firmados el año pasado por las Cancillerías. ¡Basta de pretender ningún revisionismo inconducente!
El presidente Kirchner representa a la totalidad del pueblo argentino y sabe que los grupos piqueteros del litoral no solo representan intereses muy locales, sino que ellos mismos son una expresión minoritaria dentro de su nación. Se sienten con el poder que les dan los actos de fuerza ilícitos que no son reprimidos por la Ley.
Ningún acuerdo que se pueda pactar va a ser aceptado por estos grupos piqueteros.
Ni la Presidencia ni la Cancillería argentinas pueden pretender incluirlos en tratativas binacionales, ni utilizar sus banderas extremistas, maximistas, irracionales.
El gobierno que preside el Sr. Kirchner, debe terminar de asumir plenamente que:
- Las dos Plantas de Celulosa en construcción cerca de Fray Bentos, se van a terminar y van a funcionar allí junto al Río Uruguay.
- Van a utilizar la tecnología ya acordada, es decir la producción de celulosa por el método ECF (libre de cloro elemental).
- Se designará una comisión técnica internacional para que realice un estudio de impacto ambiental físico previo, evaluando la presencia conjunta de las dos plantas, pero destinado exclusivamente a certificar que los valores de contaminación pueden mantenerse por debajo de los límites aceptados internacionalmente y eventualmente recomendar medidas que pudiesen mitigar efectos indeseables. Este dictamen técnico no será vinculante, ya que ello comprometería la soberanía de ambos países.
Por impacto ambiental físico debe entenderse el estudio sobre el agua, sobre el aire y sobre la tierra (pero éste queda solo dentro de la soberanía uruguaya).
La Cancillería argentina ha inventado un tipo de estudio de impacto ambiental que incluye efectos sociales, efectos turísticos, efectos urbanísticos, efectos de mercado, efectos políticos : absurdo y ridículo. Pensar, que el tratado del Río Uruguay solo trata del cuidado de la calidad de las aguas... Uruguay propone y acepta el estudio de impacto ambiental físico, pero no esta ampliación conceptual absurda, porque ya no sería de fundamentación técnica.
- El gobierno uruguayo propone al argentino la integración de otra comisión técnica binacional para hacer el seguimiento de las obras de las dos plantas elaboradoras de celulosa y luego monitorear el funcionamiento de las mismas, monitorear la calidad de las aguas y del aire, comparando sus resultados con los valores establecidos previamente según normas internacionales.
Sea cual sea el acuerdo que se realice entre ambos gobiernos, o que no se realice, el presidente Kirchner deberá resolver la situación de los piqueteros del litoral.
El gobierno argentino al hacer declaraciones a la prensa uruguaya, en el sentido de que si se vuelven a instalar los piquetes en las rutas, no van a intervenir tampoco ahora, procura presionar (a pechar) al gobierno uruguayo. Uruguay esto no lo debe permitir. "No entrar en corral de ramas".
Si se reinstalasen los piquetes con tolerancia del gobierno argentino, Uruguay deberá recurrir a una instancia internacional, como el Tribunal de Solución de Controversias del MERCOSUR. O dejar que la controversia sea resuelta ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.
Como dijo el Dr. Batlle :Si estuvimos 200 años sin puentes, podemos seguir prescindiendo de ellos ...dejamos a los piqueteros en sus piquetes haciendo terapias de grupos y cuando Argentina se dé cuenta que se perjudica demasiado quizás los convenza de salir.
domingo, abril 02, 2006
MOTIVOS DE UN DESENCUENTRO.
Guillermo Waksman*
Motivos de un desencuentro.
Los dos presidentes faltaron a la cita. Sólo estuvieron de acuerdo en que las diferencias hacían aconsejable postergar el encuentro y que era preferible guardar silencio. Los cortes de los puentes se suspendieron y las obras de Botnia y ENCE se interrumpirán dentro de una semana. Lo que sigue en pie es el conflicto.
Kirchner y Vázquez aún no llegaron a Anchorena.
Si Tabaré Vázquez fuera un predictor meteorológico no debía haber dicho, el lunes 27, en Minas, que era “muy optimista” sobre los resultados del encuentro que mantendría con Néstor Kirchner 48 horas después en Anchorena. Como suele ocurrir cada vez que se anuncia buen tiempo, sobrevino una tormenta. Pero como presidente de la República no podía decir otra cosa.
Todo parecía indicar, por lo demás, que la reunión tendría un final feliz. Gonzalo y Alberto Fernández, quienes la venían preparando, habían trabajado en la redacción de una declaración política que suscribirían los dos mandatarios, que no contendría mayores detalles técnicos y que, en los hechos, sólo significaba el comienzo de un camino a recorrer en conjunto: la participación de ambos países para asegurar que durante la etapa de construcción se tomen las previsiones para que los efectos contaminantes sean mínimos, y el seguimiento de esos efectos una vez que las plantas comiencen a operar. La fórmula contemplaba las tres exigencias de Uruguay: las dos plantas de celulosa serían construidas, estarían emplazadas en los predios ya adquiridos por Botnia y ENCE y utilizarían la tecnología libre de cloro elemental (ECF). Aunque de modo implícito, Argentina renunciaba a que las plantas pudieran no construirse en el hipotético caso de que el dictamen técnico concluyese que serían altamente contaminantes. Renunciaba además a reclamar, también en el hipotético caso de que el dictamen técnico lo considerase recomendable, que las dos plantas –o una de ellas, para evitar el efecto acumulativo– no fuesen construidas en su actual emplazamiento, y a exigir que se cambiase la tecnología a utilizar para la producción de la celulosa. La comisión técnica realizaría, sí, un estudio de impacto ambiental previo a la continuación de las obras, pero destinado exclusivamente a recomendar medidas que mitigaran los efectos contaminantes.
Esa era la situación hasta el lunes 27.
Al día siguiente, el canciller Jorge Taiana, que estaba en Estados Unidos, regresó a Buenos Aires, “metió la cuchara” y “mandó a parar”. Sugirió que se adjuntara a la declaración conjunta de los presidentes un anexo técnico en el cual se retomaban las exigencias planteadas a Uruguay por la delegación argentina en el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) que funcionó hasta fines de enero y que suspendió sus actuaciones sin llegar a acuerdo alguno.
Otras propuestas de la cancillería argentina tenían que ver con la integración y atribuciones de la nueva comisión técnica a crearse. Por un lado se planteaba el aumento de la representación de cada país –tres miembros en lugar de uno, lo que llevó a sospechar a las autoridades uruguayas que el gobierno argentino intentaría integrar su delegación con un miembro de las asambleas de vecinos de Entre Ríos, como ya sucedió con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)– y por otro que las conclusiones del organismo fueran obligatorias para ambas partes. Ya no se trataría de meras recomendaciones, y el cambio no es menor: si la comisión técnica entendiera que las plantas serán altamente contaminantes, que sus efectos no son mitigables o que debieran recurrir a otra tecnología, el gobierno uruguayo tendría que prohibir su construcción u obligarlas a cambiar de localización o de procedimientos. Según afirmó ayer, jueves, el diario La Nación, Kirchner ya se había comprometido ante Vázquez a que el dictamen técnico no sería vinculante, ya que ello comprometería la soberanía de los dos países.
Otro factor de disconformidad que se habría manejado en Argentina es que la decisión de Botnia y ENCE de suspensión de los trabajos no sería total: la cuidadosa redacción de sus respectivos comunicados las habilitaría, por ejemplo, a seguir adelante durante los tres meses con la obra civil, la caminería, la edificación de viviendas para los trabajadores y el acopio de materiales para la construcción de las plantas.
Ante las propuestas argentinas del último día, hubo también nuevos planteos uruguayos que recibieron respuestas negativas de la contraparte: que ambos países financiaran en partes iguales los salarios de los trabajadores durante los 90 días de interrupción de las obras y que impulsaran en el MERCOSUR la aprobación de un estatuto para la preservación del ambiente por los efectos de las plantas de producción de celulosa en toda la región (lo cual dejaría en evidencia la situación de cinco de las diez plantas argentinas, que funcionan con cloro elemental).
Según algunas versiones de prensa, el gobierno uruguayo se habría opuesto a que en los documentos a suscribir se diera por hecho que las plantas producen contaminación ambiental. Sin embargo, no parece verosímil que se hubiera formulado tal reclamo, cuando la dirección de la Dinama ha sostenido públicamente que su objetivo es precisamente mitigar el daño ambiental y cuando la propia empresa Botnia, en su folletería, reconoce que su planta producirá impacto en el ambiente, aunque lo califica de “mínimo”.
Al atardecer del martes 28 ambas partes coincidieron en que no había condiciones para realizar el encuentro de Anchorena al día siguiente y acordaron suspenderlo, sin fijar una nueva fecha para su realización. Las negociaciones no se interrumpieron y el hermetismo que siguió a la postergación del encuentro fue similar en la Casa Rosada, el Edificio Libertad y las dos cancillerías. Los dos gobiernos se inclinaron por quitarle trascendencia a la postergación de la cumbre: Página 12 informó que fuentes oficiales aseguraron que hay un acuerdo en los términos generales, “pero privilegiamos arribar a la reunión con todo listo para evitar cualquier inconveniente posterior”, y señaló que “son los gobiernos los que tienen que decirles a los expertos sobre qué tienen que discutir y no que lo deban resolver ellos”. A su vez, en Montevideo, La República tituló con recato poco habitual su edición del miércoles 29: “Suspendieron ayer la cumbre de Anchorena, pero no hay drama”. Las principales manifestaciones públicas de preocupación provinieron del intendente de Río Negro, el blanco Omar Lafluf, quien no ocultó su desilusión (porque se vuelve a fojas cero, dijo), y de los trabajadores del SUNCA, que señalaron que la noticia agregaba un nuevo elemento de inquietud a la ya generada por la suspensión de las obras.
LAS REACCIONES.
La postergación tuvo, a pesar de los silencios oficiales, consecuencias en los frentes internos de los dos gobiernos. En Argentina, las presiones provienen de las asambleas de ambientalistas de Entre Ríos. Los vecinos de Gualeguaychú solicitaron a la mañana siguiente una entrevista con Kirchner para conocer los motivos de la suspensión. Esa misma tarde dejaron sin efecto su pedido, una vez que hablaron por teléfono con Alberto Fernández, quien les dijo que la razón principal eran las discrepancias entre los gobiernos sobre las características del estudio de impacto ambiental, social y turístico.
En los dos países preocupa la posibilidad de que se produzcan nuevos cortes de ruta en los días previos a la Semana de Turismo. Este tipo de movilizaciones afectaría en especial a Paysandú, que tiene previsto celebrar, como todos los años, su Semana de la Cerveza. Pero además de las consecuencias económicas que un nuevo bloqueo de los puentes provocaría a la economía uruguaya, su realización tendría un efecto impredecible sobre los esfuerzos de los dos gobiernos por superar el conflicto y podría cortar definitivamente la instancia de la negociación bilateral. En entrevistas concedidas a un periódico digital de su provincia, Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos, sostuvo que si se retoman los cortes de los puentes, “le estarán haciendo el juego a la derecha uruguaya” y que “los dueños de Botnia y ENCE van a brindar con champaña”.
En Uruguay, mientras tanto, según el presidente del Directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, la suspensión de la reunión de Anchorena “es un papelón internacional” para Uruguay. Agregó que el gobierno de Kirchner “ha violado el orden jurídico y no tiene derecho a poner condiciones” y que Uruguay “ha quedado desairado” (Últimas Noticias, miércoles 29). En relación con las conversaciones entre Fernández y Fernández, dijo que el libreto había superado a los libretistas. A su juicio, es necesario recurrir al terreno diplomático y llamar “en consulta” al embajador en Buenos Aires. “No se puede negociar con los piquetes”, dijo ese mismo día a la radio El Espectador. Y agregó: “Si usted negocia con quien viola la norma jurídica una vez, va a tener que negociar siempre”.
Por su parte, el ex presidente Julio María Sanguinetti dijo que “el gobierno argentino no termina de asumir que las plantas se van a construir y que se van a construir donde están, porque el piquete de Gualeguaychú no lo acepta”. Dijo también que el gobierno uruguayo “no puede seguir cometiendo errores y que debe hacerle entender al gobierno argentino que hay cosas en las que Uruguay no tiene margen”.
La actitud de la oposición ha variado en las últimas semanas: hasta el sábado 11, blancos y colorados respaldaban a Vázquez, pero le sugerían que negociara directamente con Kirchner. Ese día ambos presidentes se encontraron en Santiago de Chile y pidieron a los entrerrianos el levantamiento de los cortes de los puentes y a Botnia y ENCE la interrupción de las obras. A partir de ese día los partidos tradicionales reprocharon a Vázquez que hubiera igualado las dos solicitudes, una dirigida a quienes estaban actuando ilegalmente y la otra a quienes lo hacían dentro de la legalidad, y que hubiera aceptado iniciar una negociación cuando todavía los puentes estaban bloqueados, contrariamente a lo que había anunciado. Una vez que ambos reclamos conjuntos de los presidentes habían sido aceptados por tan diversos destinatarios, colorados y blancos cuestionaron a Vázquez por no haber manejado adecuadamente el conflicto, lo cual –según ellos– se vio reflejado en la postergación del encuentro de Anchorena. “Palos porque negocias y porque no negocias palos”, comentaron a BRECHA fuentes del gobierno en relación con el comportamiento de la oposición.
El gobierno uruguayo se comprometió a que los trabajadores de las dos plantas no pierdan los salarios que deben percibir durante el tiempo de paralización de las obras. El monto total superaría los cuatro millones de dólares, tomando en cuenta los aportes al bps, en el caso de que la suspensión sea por los tres meses previstos como máximo. Lo que no está definido es quién se hará cargo de ese costo y de otros, como los que pueden generarse con los proveedores. El problema mayor es con Botnia, que ocupa al 90 por ciento del total de trabajadores de las dos trasnacionales. En principio ni Botnia ni ENCE, ni las 17 empresas subcontratistas de la primera, estarían dispuestas a pagar esos costos, alegando que se generan por causas ajenas a su responsabilidad. Sólo pagarían los salarios de aquellos trabajadores asignados a otras tareas de la misma obra (caminería, casas para el personal, etcétera) en el caso de que esos trabajos se siguieran realizando y durante el tiempo que dure esa reasignación de tareas. Y el gobierno de Kirchner, según ya lo ha manifestado, dice –valga la redundancia– “Yo, argentino”.
El gobierno uruguayo parece entonces irremisiblemente condenado a hacerse cargo de ese costo. En cambio, no hay responsabilidad civil que las empresas puedan reclamarle por la interrupción de las obras, al haber sido resuelta –sólo formalmente, por supuesto– por las propias empresas. En el caso de Botnia nada tiene que ver, contrariamente a una versión difundida en los últimos días, el convenio de inversiones suscrito con Finlandia en 2003 y aprobado por el Parlamento en mayo de 2004, con los votos en contra del Frente Amplio. En el artículo 6 de ese tratado se prevén indemnizaciones a cargo de los gobiernos que reciben las inversiones, pero sólo en caso de “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones”. El conflicto entre Argentina y Uruguay es sólo político y diplomático y las manifestaciones que pueden haber provocado pérdidas a los inversores han ocurrido del otro lado del río.
LA PERSPECTIVA.
Hay por lo menos otras dos vías posibles para resolver conflictos entre dos países. Una, por la cual se inclinarían algunos expertos en derecho internacional consultados por la cancillería, es recurrir a una instancia internacional, como el Tribunal de Solución de Controversias del MERCOSUR –una posibilidad que a Brasil no le hace gracia porque lo obligaría a enfrentarse a uno de sus vecinos–, y otra es plantear la intervención de un tercer país que actúe como mediador, como ya lo hizo el Vaticano en el enfrentamiento entre Argentina y Chile.
“Esto sólo lo arregla Harry Potter”, dijo a BRECHA, desconsolado, un alto funcionario del gobierno uruguayo el día en que debió realizarse la frustrada reunión de Anchorena. Sin embargo, la participación del joven mago en el conflicto podría ser objetada por alguna de las partes: en la última página del último libro de la saga –Harry Potter y el misterio del príncipe–, bajo el título “Papel ecológico”, se deja constancia de que “el papel utilizado para la impresión de este libro ha sido fabricado a partir de madera procedente de bosques y plantaciones gestionadas con los más altos estándares ambientales”. En la página web de la editorial española Salamandra (www.salamandra.info), se afirma que “conscientes de la importancia que la preservación del medio ambiente ha cobrado en nuestra sociedad, y del valor ejemplar que la serie Harry Potter supone para millones de niños y jóvenes, Ediciones Salamandra, en consonancia con los deseos de la autora, J K Rowling, utilizará en la producción de Harry Potter y el misterio del príncipe un papel fabricado con pasta que se ajusta a las normas del Forest Stewardship Council (fsc), con un mínimo de 30 por ciento de fibra absolutamente respetuosa con el medio ambiente y una explotación forestal sostenible”. La iniciativa partió de una campaña internacional de Greenpeace. Las ediciones publicadas en otros idiomas –Canadá, Alemania, Reino Unido, Israel e Italia, entre otros países– usaron también ese tipo de papel que, como se puede apreciar en cualquier librería de Montevideo, es tanto o más blanco que el de cualquier libro bien editado.
Existe también el camino que mencionó el ex presidente Jorge Batlle: aceptar el desafío de Kirchner y dejar que la controversia sea dirimida ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.
Pero por ahora “el camino de la negociación bilateral sigue abierto y es el que vamos a recorrer”, señalaron las fuentes de BRECHA. Se puede apostar entonces, sin ser demasiado optimistas, a que –días más, días menos– habrá cumbre en Anchorena.
* en Brecha.com.uy
Motivos de un desencuentro.
Los dos presidentes faltaron a la cita. Sólo estuvieron de acuerdo en que las diferencias hacían aconsejable postergar el encuentro y que era preferible guardar silencio. Los cortes de los puentes se suspendieron y las obras de Botnia y ENCE se interrumpirán dentro de una semana. Lo que sigue en pie es el conflicto.
Kirchner y Vázquez aún no llegaron a Anchorena.
Si Tabaré Vázquez fuera un predictor meteorológico no debía haber dicho, el lunes 27, en Minas, que era “muy optimista” sobre los resultados del encuentro que mantendría con Néstor Kirchner 48 horas después en Anchorena. Como suele ocurrir cada vez que se anuncia buen tiempo, sobrevino una tormenta. Pero como presidente de la República no podía decir otra cosa.
Todo parecía indicar, por lo demás, que la reunión tendría un final feliz. Gonzalo y Alberto Fernández, quienes la venían preparando, habían trabajado en la redacción de una declaración política que suscribirían los dos mandatarios, que no contendría mayores detalles técnicos y que, en los hechos, sólo significaba el comienzo de un camino a recorrer en conjunto: la participación de ambos países para asegurar que durante la etapa de construcción se tomen las previsiones para que los efectos contaminantes sean mínimos, y el seguimiento de esos efectos una vez que las plantas comiencen a operar. La fórmula contemplaba las tres exigencias de Uruguay: las dos plantas de celulosa serían construidas, estarían emplazadas en los predios ya adquiridos por Botnia y ENCE y utilizarían la tecnología libre de cloro elemental (ECF). Aunque de modo implícito, Argentina renunciaba a que las plantas pudieran no construirse en el hipotético caso de que el dictamen técnico concluyese que serían altamente contaminantes. Renunciaba además a reclamar, también en el hipotético caso de que el dictamen técnico lo considerase recomendable, que las dos plantas –o una de ellas, para evitar el efecto acumulativo– no fuesen construidas en su actual emplazamiento, y a exigir que se cambiase la tecnología a utilizar para la producción de la celulosa. La comisión técnica realizaría, sí, un estudio de impacto ambiental previo a la continuación de las obras, pero destinado exclusivamente a recomendar medidas que mitigaran los efectos contaminantes.
Esa era la situación hasta el lunes 27.
Al día siguiente, el canciller Jorge Taiana, que estaba en Estados Unidos, regresó a Buenos Aires, “metió la cuchara” y “mandó a parar”. Sugirió que se adjuntara a la declaración conjunta de los presidentes un anexo técnico en el cual se retomaban las exigencias planteadas a Uruguay por la delegación argentina en el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) que funcionó hasta fines de enero y que suspendió sus actuaciones sin llegar a acuerdo alguno.
Otras propuestas de la cancillería argentina tenían que ver con la integración y atribuciones de la nueva comisión técnica a crearse. Por un lado se planteaba el aumento de la representación de cada país –tres miembros en lugar de uno, lo que llevó a sospechar a las autoridades uruguayas que el gobierno argentino intentaría integrar su delegación con un miembro de las asambleas de vecinos de Entre Ríos, como ya sucedió con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)– y por otro que las conclusiones del organismo fueran obligatorias para ambas partes. Ya no se trataría de meras recomendaciones, y el cambio no es menor: si la comisión técnica entendiera que las plantas serán altamente contaminantes, que sus efectos no son mitigables o que debieran recurrir a otra tecnología, el gobierno uruguayo tendría que prohibir su construcción u obligarlas a cambiar de localización o de procedimientos. Según afirmó ayer, jueves, el diario La Nación, Kirchner ya se había comprometido ante Vázquez a que el dictamen técnico no sería vinculante, ya que ello comprometería la soberanía de los dos países.
Otro factor de disconformidad que se habría manejado en Argentina es que la decisión de Botnia y ENCE de suspensión de los trabajos no sería total: la cuidadosa redacción de sus respectivos comunicados las habilitaría, por ejemplo, a seguir adelante durante los tres meses con la obra civil, la caminería, la edificación de viviendas para los trabajadores y el acopio de materiales para la construcción de las plantas.
Ante las propuestas argentinas del último día, hubo también nuevos planteos uruguayos que recibieron respuestas negativas de la contraparte: que ambos países financiaran en partes iguales los salarios de los trabajadores durante los 90 días de interrupción de las obras y que impulsaran en el MERCOSUR la aprobación de un estatuto para la preservación del ambiente por los efectos de las plantas de producción de celulosa en toda la región (lo cual dejaría en evidencia la situación de cinco de las diez plantas argentinas, que funcionan con cloro elemental).
Según algunas versiones de prensa, el gobierno uruguayo se habría opuesto a que en los documentos a suscribir se diera por hecho que las plantas producen contaminación ambiental. Sin embargo, no parece verosímil que se hubiera formulado tal reclamo, cuando la dirección de la Dinama ha sostenido públicamente que su objetivo es precisamente mitigar el daño ambiental y cuando la propia empresa Botnia, en su folletería, reconoce que su planta producirá impacto en el ambiente, aunque lo califica de “mínimo”.
Al atardecer del martes 28 ambas partes coincidieron en que no había condiciones para realizar el encuentro de Anchorena al día siguiente y acordaron suspenderlo, sin fijar una nueva fecha para su realización. Las negociaciones no se interrumpieron y el hermetismo que siguió a la postergación del encuentro fue similar en la Casa Rosada, el Edificio Libertad y las dos cancillerías. Los dos gobiernos se inclinaron por quitarle trascendencia a la postergación de la cumbre: Página 12 informó que fuentes oficiales aseguraron que hay un acuerdo en los términos generales, “pero privilegiamos arribar a la reunión con todo listo para evitar cualquier inconveniente posterior”, y señaló que “son los gobiernos los que tienen que decirles a los expertos sobre qué tienen que discutir y no que lo deban resolver ellos”. A su vez, en Montevideo, La República tituló con recato poco habitual su edición del miércoles 29: “Suspendieron ayer la cumbre de Anchorena, pero no hay drama”. Las principales manifestaciones públicas de preocupación provinieron del intendente de Río Negro, el blanco Omar Lafluf, quien no ocultó su desilusión (porque se vuelve a fojas cero, dijo), y de los trabajadores del SUNCA, que señalaron que la noticia agregaba un nuevo elemento de inquietud a la ya generada por la suspensión de las obras.
LAS REACCIONES.
La postergación tuvo, a pesar de los silencios oficiales, consecuencias en los frentes internos de los dos gobiernos. En Argentina, las presiones provienen de las asambleas de ambientalistas de Entre Ríos. Los vecinos de Gualeguaychú solicitaron a la mañana siguiente una entrevista con Kirchner para conocer los motivos de la suspensión. Esa misma tarde dejaron sin efecto su pedido, una vez que hablaron por teléfono con Alberto Fernández, quien les dijo que la razón principal eran las discrepancias entre los gobiernos sobre las características del estudio de impacto ambiental, social y turístico.
En los dos países preocupa la posibilidad de que se produzcan nuevos cortes de ruta en los días previos a la Semana de Turismo. Este tipo de movilizaciones afectaría en especial a Paysandú, que tiene previsto celebrar, como todos los años, su Semana de la Cerveza. Pero además de las consecuencias económicas que un nuevo bloqueo de los puentes provocaría a la economía uruguaya, su realización tendría un efecto impredecible sobre los esfuerzos de los dos gobiernos por superar el conflicto y podría cortar definitivamente la instancia de la negociación bilateral. En entrevistas concedidas a un periódico digital de su provincia, Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos, sostuvo que si se retoman los cortes de los puentes, “le estarán haciendo el juego a la derecha uruguaya” y que “los dueños de Botnia y ENCE van a brindar con champaña”.
En Uruguay, mientras tanto, según el presidente del Directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, la suspensión de la reunión de Anchorena “es un papelón internacional” para Uruguay. Agregó que el gobierno de Kirchner “ha violado el orden jurídico y no tiene derecho a poner condiciones” y que Uruguay “ha quedado desairado” (Últimas Noticias, miércoles 29). En relación con las conversaciones entre Fernández y Fernández, dijo que el libreto había superado a los libretistas. A su juicio, es necesario recurrir al terreno diplomático y llamar “en consulta” al embajador en Buenos Aires. “No se puede negociar con los piquetes”, dijo ese mismo día a la radio El Espectador. Y agregó: “Si usted negocia con quien viola la norma jurídica una vez, va a tener que negociar siempre”.
Por su parte, el ex presidente Julio María Sanguinetti dijo que “el gobierno argentino no termina de asumir que las plantas se van a construir y que se van a construir donde están, porque el piquete de Gualeguaychú no lo acepta”. Dijo también que el gobierno uruguayo “no puede seguir cometiendo errores y que debe hacerle entender al gobierno argentino que hay cosas en las que Uruguay no tiene margen”.
La actitud de la oposición ha variado en las últimas semanas: hasta el sábado 11, blancos y colorados respaldaban a Vázquez, pero le sugerían que negociara directamente con Kirchner. Ese día ambos presidentes se encontraron en Santiago de Chile y pidieron a los entrerrianos el levantamiento de los cortes de los puentes y a Botnia y ENCE la interrupción de las obras. A partir de ese día los partidos tradicionales reprocharon a Vázquez que hubiera igualado las dos solicitudes, una dirigida a quienes estaban actuando ilegalmente y la otra a quienes lo hacían dentro de la legalidad, y que hubiera aceptado iniciar una negociación cuando todavía los puentes estaban bloqueados, contrariamente a lo que había anunciado. Una vez que ambos reclamos conjuntos de los presidentes habían sido aceptados por tan diversos destinatarios, colorados y blancos cuestionaron a Vázquez por no haber manejado adecuadamente el conflicto, lo cual –según ellos– se vio reflejado en la postergación del encuentro de Anchorena. “Palos porque negocias y porque no negocias palos”, comentaron a BRECHA fuentes del gobierno en relación con el comportamiento de la oposición.
El gobierno uruguayo se comprometió a que los trabajadores de las dos plantas no pierdan los salarios que deben percibir durante el tiempo de paralización de las obras. El monto total superaría los cuatro millones de dólares, tomando en cuenta los aportes al bps, en el caso de que la suspensión sea por los tres meses previstos como máximo. Lo que no está definido es quién se hará cargo de ese costo y de otros, como los que pueden generarse con los proveedores. El problema mayor es con Botnia, que ocupa al 90 por ciento del total de trabajadores de las dos trasnacionales. En principio ni Botnia ni ENCE, ni las 17 empresas subcontratistas de la primera, estarían dispuestas a pagar esos costos, alegando que se generan por causas ajenas a su responsabilidad. Sólo pagarían los salarios de aquellos trabajadores asignados a otras tareas de la misma obra (caminería, casas para el personal, etcétera) en el caso de que esos trabajos se siguieran realizando y durante el tiempo que dure esa reasignación de tareas. Y el gobierno de Kirchner, según ya lo ha manifestado, dice –valga la redundancia– “Yo, argentino”.
El gobierno uruguayo parece entonces irremisiblemente condenado a hacerse cargo de ese costo. En cambio, no hay responsabilidad civil que las empresas puedan reclamarle por la interrupción de las obras, al haber sido resuelta –sólo formalmente, por supuesto– por las propias empresas. En el caso de Botnia nada tiene que ver, contrariamente a una versión difundida en los últimos días, el convenio de inversiones suscrito con Finlandia en 2003 y aprobado por el Parlamento en mayo de 2004, con los votos en contra del Frente Amplio. En el artículo 6 de ese tratado se prevén indemnizaciones a cargo de los gobiernos que reciben las inversiones, pero sólo en caso de “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones”. El conflicto entre Argentina y Uruguay es sólo político y diplomático y las manifestaciones que pueden haber provocado pérdidas a los inversores han ocurrido del otro lado del río.
LA PERSPECTIVA.
Hay por lo menos otras dos vías posibles para resolver conflictos entre dos países. Una, por la cual se inclinarían algunos expertos en derecho internacional consultados por la cancillería, es recurrir a una instancia internacional, como el Tribunal de Solución de Controversias del MERCOSUR –una posibilidad que a Brasil no le hace gracia porque lo obligaría a enfrentarse a uno de sus vecinos–, y otra es plantear la intervención de un tercer país que actúe como mediador, como ya lo hizo el Vaticano en el enfrentamiento entre Argentina y Chile.
“Esto sólo lo arregla Harry Potter”, dijo a BRECHA, desconsolado, un alto funcionario del gobierno uruguayo el día en que debió realizarse la frustrada reunión de Anchorena. Sin embargo, la participación del joven mago en el conflicto podría ser objetada por alguna de las partes: en la última página del último libro de la saga –Harry Potter y el misterio del príncipe–, bajo el título “Papel ecológico”, se deja constancia de que “el papel utilizado para la impresión de este libro ha sido fabricado a partir de madera procedente de bosques y plantaciones gestionadas con los más altos estándares ambientales”. En la página web de la editorial española Salamandra (www.salamandra.info), se afirma que “conscientes de la importancia que la preservación del medio ambiente ha cobrado en nuestra sociedad, y del valor ejemplar que la serie Harry Potter supone para millones de niños y jóvenes, Ediciones Salamandra, en consonancia con los deseos de la autora, J K Rowling, utilizará en la producción de Harry Potter y el misterio del príncipe un papel fabricado con pasta que se ajusta a las normas del Forest Stewardship Council (fsc), con un mínimo de 30 por ciento de fibra absolutamente respetuosa con el medio ambiente y una explotación forestal sostenible”. La iniciativa partió de una campaña internacional de Greenpeace. Las ediciones publicadas en otros idiomas –Canadá, Alemania, Reino Unido, Israel e Italia, entre otros países– usaron también ese tipo de papel que, como se puede apreciar en cualquier librería de Montevideo, es tanto o más blanco que el de cualquier libro bien editado.
Existe también el camino que mencionó el ex presidente Jorge Batlle: aceptar el desafío de Kirchner y dejar que la controversia sea dirimida ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.
Pero por ahora “el camino de la negociación bilateral sigue abierto y es el que vamos a recorrer”, señalaron las fuentes de BRECHA. Se puede apostar entonces, sin ser demasiado optimistas, a que –días más, días menos– habrá cumbre en Anchorena.
* en Brecha.com.uy
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