El experto aseguró que el Tribunal no se expedirá sobre un caso hipotético de contaminación.
El especialista argentino en Derecho Internacional y actual defensor del Tribunal Penal de La Haya, Eduardo Hooft, cree que no prosperará el pedido del presidente argentino Néstor Kirchner ante ese tribunal para "frenar" la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos.
Empero, aclaró que si ésta fuera para obligar a Uruguay a que dé más información es viable, pero para eso no es necesario ir a La Haya. Hooft admitió no estar de acuerdo con que el país litigue ante la Corte Internacional ya que -según cree- el caso no reúne los requisitos para que esto sea así y consideró que el gobierno, antes de apelar a esta instancia, debería haber agotado la vía diplomática o tendría que haber recurrido junto a Uruguay a un arbitraje para dirimir el tema. Advirtió que si la intención última es paralizar las obras "estamos condenados al fracaso", según una entrevista del periódico argentino "La Capital", reproducido por el portal Misiones on line.
Difícil para Kirchner. Así es como se ve, desde Argentina, el conflicto con Uruguay.
¿Le parece bien o no que se recurra a La Haya?
-Yo estoy en contra porque no está agotada la etapa de la negociación y porque la Corte puede fallar en contra de Argentina. Esto es algo que la gente debe saber. El hecho es que no está comprobado el daño que puedan causar las plantas. Argentina puede argumentar que se violó el Estatuto del río Uruguay, porque no nos habrían informado y consultado sobre las obras. Pero otra cosa que la gente debe saber es que si en La Haya se resuelve que esto fue así, tal vez se considere que con la sola admisión de este hecho el daño estaría reparado.
-¿O sea que con una simple disculpa de Uruguay sobre este punto quedaría resuelto el tema para la Corte?
-Exactamente. Con que Uruguay reconozca y pida disculpas por no haber informado suficientemente a la Argentina el tema quedaría agotado.
-Otro aspecto de la presentación tendrá que ver con un pedido de paralizar las obras. ¿Le parece que los jueces darían una respuesta favorable a esto?
-No sé si es correcto que Argentina quiera paralizar obras por un bloque de cemento que aún no causa ningún perjuicio. Hay un criterio que es el de la tolerancia de la vecindad. No se puede imponer la limpieza absoluta del río. Las cargas de vecindad surgen de vivir en sociedad. El fundamento de toda demanda es el perjuicio sensible para la otra parte. Si no lo hay, las obras pueden realizarse y se pueden poner en funcionamiento. El instante decisivo es el de funcionamiento. La Corte jamás va a entender sobre lo que pueda pasar. Ningún tribunal de justicia actúa ante casos hipotéticos. Nadie le plantearía a un juez que el vecino va a traer dos perros y que lo van a despertar a la noche con sus ladridos. Es un ejemplo tonto, pero en el orden internacional está claro que Argentina no podría demandar hoy a Uruguay diciendo que dentro de dos años se va a empezar a contaminar las aguas y a generar mal olor. Si la demanda fuera para obligar a Uruguay a que dé más información es viable, pero para eso no es necesario ir a La Haya. Pero si la intención última es paralizar las obras estamos condenados al fracaso.
¿Por qué cree eso?
-Mire, sólo dos veces la corte de La Haya hizo lugar a medidas cautelares y vea la magnitud de los casos: el genocidio de los serbios y montenegrinos en perjuicio de los musulmanes de Bosnia-Herzegovina y el otro caso fue haber impedido la ejecución de 53 mexicanos en Estados Unidos sin dar intervención al cónsul de México. Hay que comparar la magnitud de estos casos con el tema que nos ocupa ahora. Para dictar una medida cautelar se requiere un peligro inminente o presente, grave e irreparable. Acá no sabemos a ciencia cierta si hay un peligro inminente y si lo hay, si será grave o irreparable.
¿Entonces mientras no haya un daño concreto no habría margen para una respuesta favorable al pedido de paralizar las obras?
-Hoy no sabemos si habrá o no habrá contaminación. Y si la hubiera, desconocemos su gravedad. Si es cierto que Botnia va a usar la misma tecnología que usa en Finlandia, yo no tengo ninguna duda de que la Corte va a desfavorecer a Argentina. La gente también debe saber cómo está compuesta la Corte. En estos momentos hay una jueza inglesa, que es la presidenta, y en su país hay plantas de celulosa que trabajan con esta tecnología. Este es un problema técnico y no un problema de derecho internacional. Acá no estamos hablando de determinar fronteras o de asignar territorios. Es una discusión de ingenieros químicos y ambientalistas que tienen que decir si hay o no contaminación y, si la hay, en qué medida.
¿Entonces se podría decir que este conflicto es muy poca cosa para la Corte de La Haya?
-Por supuesto. Argentina argumenta que Uruguay no quiere brindar información. Yo no sé qué se ha hecho, pero no me he enterado de que Kirchner haya invitado a Vázquez a crear un tribunal de árbitros peritos especialistas para que dictamen algo al respecto. Yo le digo a los gobiernos: "¿Por qué no nombran a tres expertos que analicen el tema y hagan un dictamen?".
¿Cree que hay alternativas antes de recurrir a La Haya?
-Sí; como ya le dije, se podría ir a una pericia arbitral hecha por expertos, ni argentinos ni uruguayos, para que hagan un dictamen. Uruguay y Argentina pueden acordar que sea vinculante o no. Tal vez sería prudente decir que no sea vinculante, pero esa es la antesala de La Haya.
¿En la región no existe otra instancia a la que recurrir, dentro del Mercosur o la OEA?
-No, no hay otro tribunal. Uruguay insiste con el Mercosur pero para gestiones políticas. El sistema de arbitraje del Mercosur es el del Tribunal Permanente de Revisión que entiende en cuestiones comerciales. No tiene previsto tratar temas como el de las papeleras.
¿En cambio Uruguay sí podría recurrir al tribunal del Mercosur por los perjuicios causados por los cortes de ruta en Gualeguaychú?
-Eso sí. Uruguay puede hacer un planteo en el Mercosur porque se está obstruyendo la circulación de personas y de mercaderías, garantizadas por el Tratado de Asunción. Con este tema también existe la posibilidad de demandas de terceros estados como Chile ante La Haya o de parte de las mismas empresas afectadas.
A pocos días de que el gobierno recurra a la Corte de La Haya ¿qué debería saber la opinión pública?
-El gobierno debería informar los posibles resultados de este juicio y plantear claramente cuál es la sustancia del reclamo. Una cosa es reclamar información de parte de Uruguay y otra muy distinta es pedir la paralización de las obras. Yo creo que esto último no va a tener éxito. Por eso el gobierno tiene que informar qué costos tiene ganar o perder el proceso. El gobierno tiene que hacerle saber a la población que esta sentencia es la última instancia en ámbito de Naciones Unidas y que habrá que respetarla. *
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