MOTIVOS DE UN DESENCUENTRO.

Guillermo Waksman*

Motivos de un desencuentro.

Los dos presidentes faltaron a la cita. Sólo estuvieron de acuerdo en que las diferencias hacían aconsejable postergar el encuentro y que era preferible guardar silencio. Los cortes de los puentes se suspendieron y las obras de Botnia y ENCE se interrumpirán dentro de una semana. Lo que sigue en pie es el conflicto.
Kirchner y Vázquez aún no llegaron a Anchorena.

Si Tabaré Vázquez fuera un predictor meteorológico no debía haber dicho, el lunes 27, en Minas, que era “muy optimista” sobre los resultados del encuentro que mantendría con Néstor Kirchner 48 horas después en Anchorena. Como suele ocurrir cada vez que se anuncia buen tiempo, sobrevino una tormenta. Pero como presidente de la República no podía decir otra cosa.
Todo parecía indicar, por lo demás, que la reunión tendría un final feliz. Gonzalo y Alberto Fernández, quienes la venían preparando, habían trabajado en la redacción de una declaración política que suscribirían los dos mandatarios, que no contendría mayores detalles técnicos y que, en los hechos, sólo significaba el comienzo de un camino a recorrer en conjunto: la participación de ambos países para asegurar que durante la etapa de construcción se tomen las previsiones para que los efectos contaminantes sean mínimos, y el seguimiento de esos efectos una vez que las plantas comiencen a operar. La fórmula contemplaba las tres exigencias de Uruguay: las dos plantas de celulosa serían construidas, estarían emplazadas en los predios ya adquiridos por Botnia y ENCE y utilizarían la tecnología libre de cloro elemental (ECF). Aunque de modo implícito, Argentina renunciaba a que las plantas pudieran no construirse en el hipotético caso de que el dictamen técnico concluyese que serían altamente contaminantes. Renunciaba además a reclamar, también en el hipotético caso de que el dictamen técnico lo considerase recomendable, que las dos plantas –o una de ellas, para evitar el efecto acumulativo– no fuesen construidas en su actual emplazamiento, y a exigir que se cambiase la tecnología a utilizar para la producción de la celulosa. La comisión técnica realizaría, sí, un estudio de impacto ambiental previo a la continuación de las obras, pero destinado exclusivamente a recomendar medidas que mitigaran los efectos contaminantes.

Esa era la situación hasta el lunes 27.

Al día siguiente, el canciller Jorge Taiana, que estaba en Estados Unidos, regresó a Buenos Aires, “metió la cuchara” y “mandó a parar”. Sugirió que se adjuntara a la declaración conjunta de los presidentes un anexo técnico en el cual se retomaban las exigencias planteadas a Uruguay por la delegación argentina en el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) que funcionó hasta fines de enero y que suspendió sus actuaciones sin llegar a acuerdo alguno.
Otras propuestas de la cancillería argentina tenían que ver con la integración y atribuciones de la nueva comisión técnica a crearse. Por un lado se planteaba el aumento de la representación de cada país –tres miembros en lugar de uno, lo que llevó a sospechar a las autoridades uruguayas que el gobierno argentino intentaría integrar su delegación con un miembro de las asambleas de vecinos de Entre Ríos, como ya sucedió con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)– y por otro que las conclusiones del organismo fueran obligatorias para ambas partes. Ya no se trataría de meras recomendaciones, y el cambio no es menor: si la comisión técnica entendiera que las plantas serán altamente contaminantes, que sus efectos no son mitigables o que debieran recurrir a otra tecnología, el gobierno uruguayo tendría que prohibir su construcción u obligarlas a cambiar de localización o de procedimientos. Según afirmó ayer, jueves, el diario La Nación, Kirchner ya se había comprometido ante Vázquez a que el dictamen técnico no sería vinculante, ya que ello comprometería la soberanía de los dos países.
Otro factor de disconformidad que se habría manejado en Argentina es que la decisión de Botnia y ENCE de suspensión de los trabajos no sería total: la cuidadosa redacción de sus respectivos comunicados las habilitaría, por ejemplo, a seguir adelante durante los tres meses con la obra civil, la caminería, la edificación de viviendas para los trabajadores y el acopio de materiales para la construcción de las plantas.
Ante las propuestas argentinas del último día, hubo también nuevos planteos uruguayos que recibieron respuestas negativas de la contraparte: que ambos países financiaran en partes iguales los salarios de los trabajadores durante los 90 días de interrupción de las obras y que impulsaran en el MERCOSUR la aprobación de un estatuto para la preservación del ambiente por los efectos de las plantas de producción de celulosa en toda la región (lo cual dejaría en evidencia la situación de cinco de las diez plantas argentinas, que funcionan con cloro elemental).
Según algunas versiones de prensa, el gobierno uruguayo se habría opuesto a que en los documentos a suscribir se diera por hecho que las plantas producen contaminación ambiental. Sin embargo, no parece verosímil que se hubiera formulado tal reclamo, cuando la dirección de la Dinama ha sostenido públicamente que su objetivo es precisamente mitigar el daño ambiental y cuando la propia empresa Botnia, en su folletería, reconoce que su planta producirá impacto en el ambiente, aunque lo califica de “mínimo”.

Al atardecer del martes 28 ambas partes coincidieron en que no había condiciones para realizar el encuentro de Anchorena al día siguiente y acordaron suspenderlo, sin fijar una nueva fecha para su realización. Las negociaciones no se interrumpieron y el hermetismo que siguió a la postergación del encuentro fue similar en la Casa Rosada, el Edificio Libertad y las dos cancillerías. Los dos gobiernos se inclinaron por quitarle trascendencia a la postergación de la cumbre: Página 12 informó que fuentes oficiales aseguraron que hay un acuerdo en los términos generales, “pero privilegiamos arribar a la reunión con todo listo para evitar cualquier inconveniente posterior”, y señaló que “son los gobiernos los que tienen que decirles a los expertos sobre qué tienen que discutir y no que lo deban resolver ellos”. A su vez, en Montevideo, La República tituló con recato poco habitual su edición del miércoles 29: “Suspendieron ayer la cumbre de Anchorena, pero no hay drama”. Las principales manifestaciones públicas de preocupación provinieron del intendente de Río Negro, el blanco Omar Lafluf, quien no ocultó su desilusión (porque se vuelve a fojas cero, dijo), y de los trabajadores del SUNCA, que señalaron que la noticia agregaba un nuevo elemento de inquietud a la ya generada por la suspensión de las obras.

LAS REACCIONES.
La postergación tuvo, a pesar de los silencios oficiales, consecuencias en los frentes internos de los dos gobiernos. En Argentina, las presiones provienen de las asambleas de ambientalistas de Entre Ríos. Los vecinos de Gualeguaychú solicitaron a la mañana siguiente una entrevista con Kirchner para conocer los motivos de la suspensión. Esa misma tarde dejaron sin efecto su pedido, una vez que hablaron por teléfono con Alberto Fernández, quien les dijo que la razón principal eran las discrepancias entre los gobiernos sobre las características del estudio de impacto ambiental, social y turístico.
En los dos países preocupa la posibilidad de que se produzcan nuevos cortes de ruta en los días previos a la Semana de Turismo. Este tipo de movilizaciones afectaría en especial a Paysandú, que tiene previsto celebrar, como todos los años, su Semana de la Cerveza. Pero además de las consecuencias económicas que un nuevo bloqueo de los puentes provocaría a la economía uruguaya, su realización tendría un efecto impredecible sobre los esfuerzos de los dos gobiernos por superar el conflicto y podría cortar definitivamente la instancia de la negociación bilateral. En entrevistas concedidas a un periódico digital de su provincia, Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos, sostuvo que si se retoman los cortes de los puentes, “le estarán haciendo el juego a la derecha uruguaya” y que “los dueños de Botnia y ENCE van a brindar con champaña”.
En Uruguay, mientras tanto, según el presidente del Directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, la suspensión de la reunión de Anchorena “es un papelón internacional” para Uruguay. Agregó que el gobierno de Kirchner “ha violado el orden jurídico y no tiene derecho a poner condiciones” y que Uruguay “ha quedado desairado” (Últimas Noticias, miércoles 29). En relación con las conversaciones entre Fernández y Fernández, dijo que el libreto había superado a los libretistas. A su juicio, es necesario recurrir al terreno diplomático y llamar “en consulta” al embajador en Buenos Aires. “No se puede negociar con los piquetes”, dijo ese mismo día a la radio El Espectador. Y agregó: “Si usted negocia con quien viola la norma jurídica una vez, va a tener que negociar siempre”.
Por su parte, el ex presidente Julio María Sanguinetti dijo que “el gobierno argentino no termina de asumir que las plantas se van a construir y que se van a construir donde están, porque el piquete de Gualeguaychú no lo acepta”. Dijo también que el gobierno uruguayo “no puede seguir cometiendo errores y que debe hacerle entender al gobierno argentino que hay cosas en las que Uruguay no tiene margen”.
La actitud de la oposición ha variado en las últimas semanas: hasta el sábado 11, blancos y colorados respaldaban a Vázquez, pero le sugerían que negociara directamente con Kirchner. Ese día ambos presidentes se encontraron en Santiago de Chile y pidieron a los entrerrianos el levantamiento de los cortes de los puentes y a Botnia y ENCE la interrupción de las obras. A partir de ese día los partidos tradicionales reprocharon a Vázquez que hubiera igualado las dos solicitudes, una dirigida a quienes estaban actuando ilegalmente y la otra a quienes lo hacían dentro de la legalidad, y que hubiera aceptado iniciar una negociación cuando todavía los puentes estaban bloqueados, contrariamente a lo que había anunciado. Una vez que ambos reclamos conjuntos de los presidentes habían sido aceptados por tan diversos destinatarios, colorados y blancos cuestionaron a Vázquez por no haber manejado adecuadamente el conflicto, lo cual –según ellos– se vio reflejado en la postergación del encuentro de Anchorena. “Palos porque negocias y porque no negocias palos”, comentaron a BRECHA fuentes del gobierno en relación con el comportamiento de la oposición.
El gobierno uruguayo se comprometió a que los trabajadores de las dos plantas no pierdan los salarios que deben percibir durante el tiempo de paralización de las obras. El monto total superaría los cuatro millones de dólares, tomando en cuenta los aportes al bps, en el caso de que la suspensión sea por los tres meses previstos como máximo. Lo que no está definido es quién se hará cargo de ese costo y de otros, como los que pueden generarse con los proveedores. El problema mayor es con Botnia, que ocupa al 90 por ciento del total de trabajadores de las dos trasnacionales. En principio ni Botnia ni ENCE, ni las 17 empresas subcontratistas de la primera, estarían dispuestas a pagar esos costos, alegando que se generan por causas ajenas a su responsabilidad. Sólo pagarían los salarios de aquellos trabajadores asignados a otras tareas de la misma obra (caminería, casas para el personal, etcétera) en el caso de que esos trabajos se siguieran realizando y durante el tiempo que dure esa reasignación de tareas. Y el gobierno de Kirchner, según ya lo ha manifestado, dice –valga la redundancia– “Yo, argentino”.
El gobierno uruguayo parece entonces irremisiblemente condenado a hacerse cargo de ese costo. En cambio, no hay responsabilidad civil que las empresas puedan reclamarle por la interrupción de las obras, al haber sido resuelta –sólo formalmente, por supuesto– por las propias empresas. En el caso de Botnia nada tiene que ver, contrariamente a una versión difundida en los últimos días, el convenio de inversiones suscrito con Finlandia en 2003 y aprobado por el Parlamento en mayo de 2004, con los votos en contra del Frente Amplio. En el artículo 6 de ese tratado se prevén indemnizaciones a cargo de los gobiernos que reciben las inversiones, pero sólo en caso de “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones”. El conflicto entre Argentina y Uruguay es sólo político y diplomático y las manifestaciones que pueden haber provocado pérdidas a los inversores han ocurrido del otro lado del río.

LA PERSPECTIVA.
Hay por lo menos otras dos vías posibles para resolver conflictos entre dos países. Una, por la cual se inclinarían algunos expertos en derecho internacional consultados por la cancillería, es recurrir a una instancia internacional, como el Tribunal de Solución de Controversias del MERCOSUR –una posibilidad que a Brasil no le hace gracia porque lo obligaría a enfrentarse a uno de sus vecinos–, y otra es plantear la intervención de un tercer país que actúe como mediador, como ya lo hizo el Vaticano en el enfrentamiento entre Argentina y Chile.

“Esto sólo lo arregla Harry Potter”, dijo a BRECHA, desconsolado, un alto funcionario del gobierno uruguayo el día en que debió realizarse la frustrada reunión de Anchorena. Sin embargo, la participación del joven mago en el conflicto podría ser objetada por alguna de las partes: en la última página del último libro de la saga –Harry Potter y el misterio del príncipe–, bajo el título “Papel ecológico”, se deja constancia de que “el papel utilizado para la impresión de este libro ha sido fabricado a partir de madera procedente de bosques y plantaciones gestionadas con los más altos estándares ambientales”. En la página web de la editorial española Salamandra (www.salamandra.info), se afirma que “conscientes de la importancia que la preservación del medio ambiente ha cobrado en nuestra sociedad, y del valor ejemplar que la serie Harry Potter supone para millones de niños y jóvenes, Ediciones Salamandra, en consonancia con los deseos de la autora, J K Rowling, utilizará en la producción de Harry Potter y el misterio del príncipe un papel fabricado con pasta que se ajusta a las normas del Forest Stewardship Council (fsc), con un mínimo de 30 por ciento de fibra absolutamente respetuosa con el medio ambiente y una explotación forestal sostenible”. La iniciativa partió de una campaña internacional de Greenpeace. Las ediciones publicadas en otros idiomas –Canadá, Alemania, Reino Unido, Israel e Italia, entre otros países– usaron también ese tipo de papel que, como se puede apreciar en cualquier librería de Montevideo, es tanto o más blanco que el de cualquier libro bien editado.

Existe también el camino que mencionó el ex presidente Jorge Batlle: aceptar el desafío de Kirchner y dejar que la controversia sea dirimida ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.
Pero por ahora “el camino de la negociación bilateral sigue abierto y es el que vamos a recorrer”, señalaron las fuentes de BRECHA. Se puede apostar entonces, sin ser demasiado optimistas, a que –días más, días menos– habrá cumbre en Anchorena.


* en Brecha.com.uy